Proyecto Presunción de Inocencia en México

Por vocación, el Proyecto Presunción de Inocencia en México aporta soluciones normativas e institucionales, y promueve alianzas con especialistas, instituciones, periodistas y medios en pro de iniciativas ciudadanas y gubernamentales tendientes a lograr que el uso de la prisión sin condena en el sistema judicial sea equitativo, racional y excepcional, ajustándose a las normas internacionales y los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.

De manera adicional, impulsa la institucionalización de programas que permitan a los jueces determinar con certeza la detención o liberación cautelar de cada imputado basándose en la evaluación científica de riesgos, así como programas de supervisión de procesados en libertad.

A través de las organizaciones mexicanas asociadas, el Proyecto produce reflexión y debate, investigación, instrumentos teóricos y prácticos, asesoría técnica y legal, capacitación y diseminación de información sobre la prisión previa al juicio, la importancia social de su uso adecuado y los costos de su aplicación irracional.

Sus servicios están dirigidos en primer orden a lograr la reforma penal, pero asimismo a imputados y sus familias y comunidades, actores del sistema de justicia penal, organizaciones de la sociedad civil, centros académicos, periodistas y medios, sobre todo en Baja California, Nuevo León, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Morelos y Oaxaca, estados con reformas procesales en curso.

Denise Tomasini-Joshi considera que el uso «excesivo e inapropiado» de la prisión sin condena «trae aparejados una injusticia patente y fallos en el sistema de justicia penal que afectan a todo el mundo». Y que, de todos, «el efecto pernicioso más inmediato» es el de que «muchas personas acusadas y detenidas acaban siendo declaradas inocentes de todo delito, de modo que la prisión sin condena vulnera sus derechos y causa dolor y sufrimiento a sus familias».

Debe considerarse además, añade, la afectación social de esta medida cautelar, pues «contribuye a perpetuar el ciclo de pobreza, aumentar las conductas delictivas, propagar enfermedades contagiosas, gastar innecesariamente dinero público y fomentar prácticas policiales dañinas e ineficientes».[1]

El Proyecto, en última instancia, se enfoca en contribuir con la reforma judicial que transforme esa realidad en México.