 Hoy, más de 92,000 personas en México están en «prisión preventiva»; es decir, casi la mitad de todos los internos del sistema penitenciario, generando elevados costos económicos y sociales para los mismos presos, sus familias, su comunidad, la sociedad entera y el gobierno.
Si bien un sistema de justicia penal moderno, eficaz, democrático y basado en el respeto al debido proceso debe de considerar la «prisión preventiva» como la excepción, en nuestro país aún se aplica de manera arbitraria y extensiva, ocasionando saturación y hacinamiento en los centros de reclusión ‒de ello dan cuenta las cifras antes citadas.
El nuevo sistema de justicia penal del estado de Morelos, cuyo pilar fundamental, de acuerdo con la Constitución mexicana y las normas internacionales, es el principio de presunción de inocencia, atiende ya esta problemática al prever medidas cautelares alternativas a la prisión previa al juicio o «preventiva».
El Gobierno del Estado de Morelos comprendió la tensión natural entre ambos bienes jurídicos protegidos constitucionalmente y, con el fin de fortalecer su nuevo sistema, creó la Unidad de Medidas Cautelares para Adolescentes (UMECA), institución de carácter administrativo encargada de concretar la aplicación práctica de las medidas cautelares alternativas a la privación de la libertad en el sistema de adolescentes, sin descuidar la seguridad pública.
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