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En marzo de 2008, el Congreso de la Unión aprobó la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, que fue publicada en junio siguiente por el Diario Oficial de la Federación.
Ésta es una reforma constitucional de gran envergadura en la historia de México. Implicó profundos cambios en diez artículos, siete de ellos en materia penal (del 16 al 22). Si se le implementa de manera exitosa constituirá el tránsito en México del viejo modelo judicial inquisitorio al acusatorio, fundamentado en el régimen de derechos humanos.
El sistema de justicia penal acusatorio se basa en el predominio de las garantías constitucionales de víctimas y acusados, creando diversas figuras y mecanismos procesales que lo hagan más equitativo. Así, además, se apega a los diversos tratados internacionales sobre derechos humanos que el Estado mexicano ha ratificado.
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