«Simuladores chihuahuenses»*

Publicado en Noticias 2012

Marco Lara Klahr

La forma más sencilla e inmediata de comprobar el grado de simulación institucional, social y mediática sobre la implementación del sistema de justicia penal acusatorio comienza con un clic en fiscalia.chihuahua.gob.mx, lugar del ciberespacio que aloja el sitio de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Ya adentro, en el ángulo superior derecho hay un menú que incluye la opción «Nosotros»; ahí, al dar otro clic sobre «Quiénes somos», se despliegan la «Visión» y la «Misión»:

«La Fiscalía General del Estado de Chihuahua es la encargada de la seguridad pública y la procuración de justicia, con equipo humano comprometido en proporcionar a todo ciudadano lo que requiera, de principio a fin y sin excepciones, un servicio público ágil y efectivo; confiable y accesible; respetuoso de la cultura de la legalidad y las garantías; responsable y moderno, que utiliza tecnología de vanguardia para articular de manera simple procesos, sistemas y recursos, que ayudan a la impartición de justicia y garantizan la equidad de género. Sus funciones se realizan al nivel de las expectativas de paz de la sociedad, donde más que buscar el orden, la seguridad y la justicia, se logra que se den».
«Ser una Fiscalía que brinde seguridad pública y procuración de justicia a la altura de los países más desarrollados; que aprovecha la cultura del conocimiento al agregar valor en el desempeño de sus funciones; altamente tecnificada; con personal cuya actuación esta apegada a los principios de legalidad, efectividad, profesionalismo y honradez. Con énfasis especial en la calidez, la vocación de servicio y el pleno respeto a los derechos humanos, así como compromiso y orgullo de pertenencia en toda la organización; en la cual los servidores públicos sean agentes permanentes de cambio […]».

Enseguida ha de volverse a la página de «Inicio» y bajar a «Boletines de prensa»: un acervo de textos y fotografías criminalizantes, discriminatorias y denigrantes de personas detenidas o imputadas de delito, que contradice aquella retórica sobre valores institucionales. Es una ominosa galería del abuso persistente desde el poder.

Chihuahua inició la reforma de su sistema de justicia penal a principios de 2006, es decir, más de dos años antes de que entrara en vigor la federal [junio 2008]. Es por ello que se le considera un estado pionero, que desde entonces ha invertido fortunas en adecuaciones normativas, infraestructura, campañas masivas de sensibilización sobre los aspectos garantistas del sistema acusatorio y capacitación de magistrados, jueces, fiscales, ministerios y defensores públicos, así como periodistas.

Como ocurrió con la reforma federal, la chihuahuense fue posible merced a una combinación entre la presión de organizaciones civiles y círculos académicos locales, nacionales e internacionales, el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, y una vasta inversión política y financiera de Naciones Unidas, todo ello ante la evidencia de que el viejo sistema de justicia penal inquisitorio había dejado de servir hacía décadas.

Pero también como la federal, la chihuahuense ha enfrentado el rechazo de políticos y funcionarios, jueces, procuradores, fiscales, ministerios y defensores públicos, defensores privados y organizaciones civiles empeñados en seguir beneficiándose de ese viejo sistema procesal penal costoso, ineficiente y corrupto.

Sucede que dicho sistema no nos sirve al grueso de los ciudadanos, pero es redituable política y económicamente: imaginemos los negocios que trae consigo la «producción masiva de culpables» dentro de policías, agencias del ministerio público, juzgados y prisiones, así como para periodistas y medios que consuman los «juicios paralelos».

La sección «Boletines de prensa» del Website de la Fiscalía General de Chihuahua deja entrever ese mecanismo: la autoridad publica tal información violatoria de los derechos de personalidad y el debido proceso. Los periodistas la toman sin mayor esfuerzo. Los medios la empaquetan y venden. El público consume esas noticias resultado del abuso. Y todos simulan que ha sido enorme el esfuerzo colectivo para implementar el sistema acusatorio pero, no obstante, fracasó, de modo que es mejor retroceder al inquisitorio.

El Artículo 113 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua precisa:

«Los elementos policiales… no podrán informar a los medios de comunicación social, ni a persona alguna, acerca de la identidad de detenidos, imputados, víctimas u ofendidos, testigos, ni de otras personas que se encontraren o pudieren resultar vinculadas a la investigación de un hecho punible, en protección de sus derechos y de la función investigadora».

Maliciosamente, esta prohibición de exhibir ante el público a ciudadanos detenidos o imputados de delito no se extiende a otros funcionarios.

La semana anterior, en Monterrey, pregunté a un consultor en adecuación de leyes locales a la reforma procesal federal de 2008 por qué no estaba siendo incorporada a los códigos procesales de los estados la prohibición expresa de que servidores públicos revelen información que afecte los derechos de víctimas, detenidos, acusados y testigos de delitos: «Los procuradores no quieren, se resisten absolutamente, porque para ellos los juicios mediáticos son muy rentables políticamente».

Yo sé esto y lo entiendo, pero me pregunto por qué los ciudadanos seguimos dando la espalda a esas miles de personas exhibidas en los medios, no obstante la gran inversión colectiva que estamos haciendo al mismo tiempo para avanzar hacia un sistema eficaz, económico y justo. Estamos actuando como si fuéramos nuestros peores enemigos.